1. La infancia no puede quedar a merced de la burocracia

2. Washington cambia de manos y Juárez vuelve a mirar hacia el norte

3. Obras para Juárez, pero que las promesas no sustituyan al concreto

4. El caso Génesis y la peligrosa distancia entre acusar y demostrar

La infancia no puede quedar a merced de la burocracia

Hay noticias que deberían sacudir hasta los cimientos de cualquier institución pública, y la vinculación a proceso de dos exasistentes educativas en Ciudad Juárez por presuntos delitos sexuales contra menores es una de ellas, porque mientras los funcionarios se entretienen hablando de protocolos, programas preventivos y ambientes escolares seguros, la realidad vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta tan sencilla como incómoda, quién estaba obligado a vigilar que los niños estuvieran protegidos y qué controles existían para impedir que alguien aprovechara su posición dentro de un espacio educativo

La prisión preventiva impuesta a las imputadas constituye una medida cautelar y no una declaración de culpabilidad, pero el procedimiento judicial debería motivar una revisión seria de los mecanismos institucionales de prevención y denuncia, porque aquí no basta con identificar a las personas señaladas ni con esperar que los tribunales hagan su trabajo, también corresponde determinar si existieron advertencias previas, omisiones administrativas o fallas de supervisión que facilitaron los hechos denunciados

En este país hemos perfeccionado el arte de colocar letreros que dicen que los niños son primero, aunque demasiadas veces los primeros terminan siendo los intereses políticos, las conveniencias administrativas y las fotografías oficiales, por eso las autoridades educativas harían bien en entender que la protección de la infancia no se acredita con discursos conmovedores ni campañas publicitarias, sino con controles efectivos, personal evaluado, mecanismos de denuncia confiables y respuestas oportunas cuando aparece la primera señal de alarma

Y que nadie pretenda convertir el asunto en una competencia para ver quién expresa mayor indignación frente a las cámaras, porque las víctimas necesitan protección, acompañamiento psicológico, investigaciones profesionales y garantías de no repetición, mientras que sus familias merecen información suficiente y respeto absoluto a su privacidad, pues bastante daño puede ocasionar un delito como para que después llegue la burocracia a completar la faena

Washington cambia de manos y Juárez vuelve a mirar hacia el norte

Las elecciones legislativas estadounidenses del pasado 3 de noviembre dejaron una nueva correlación de fuerzas políticas que obliga a revisar los equilibrios en Washington, y aunque algunos políticos mexicanos suelen comportarse como si las decisiones del Congreso norteamericano fueran asuntos domésticos de otro planeta, en Ciudad Juárez sabemos perfectamente que cualquier movimiento importante del otro lado del río puede sentirse en las maquiladoras, las aduanas, los puentes internacionales y hasta en la mesa de miles de familias

No se necesita ser especialista en geopolítica para entender que las discusiones sobre migración, aranceles, seguridad fronteriza y gasto federal estadounidense tienen consecuencias directas sobre nuestra región, porque aquí no vivimos de los discursos nacionalistas pronunciados desde cómodos despachos de la capital del país, vivimos de una economía profundamente integrada en la que las decisiones de Washington, Austin, Ciudad de México y Chihuahua terminan encontrándose todos los días en las líneas de producción

El problema es que mientras Estados Unidos discute sus prioridades estratégicas, en México frecuentemente respondemos con declaraciones grandilocuentes sobre soberanía y dignidad nacional, conceptos absolutamente legítimos que pierden eficacia cuando no vienen acompañados de una política industrial competitiva, infraestructura fronteriza suficiente y capacidad de negociación, porque una cosa es defender los intereses nacionales y otra muy distinta confundir la firmeza diplomática con la improvisación

Ciudad Juárez necesita que sus autoridades comprendan que la frontera no puede administrarse desde la distancia ni mediante ocurrencias sexenales, hace falta anticipar escenarios comerciales, fortalecer la coordinación binacional y defender los empleos manufactureros, porque cuando Washington estornuda, aquí no solamente nos resfriamos, también puede temblar la nómina de miles de trabajadores que jamás fueron invitados a las mesas donde se toman esas decisiones

Obras para Juárez, pero que las promesas no sustituyan al concreto

La visita de la gobernadora Maru Campos a Ciudad Juárez para revisar proyectos de infraestructura y programas estatales vuelve a colocar sobre la mesa una discusión que los juarenses conocemos de memoria, la enorme distancia que suele existir entre los anuncios gubernamentales y las obras terminadas, porque esta frontera lleva décadas escuchando promesas de modernización mientras sus habitantes siguen padeciendo rezagos que no desaparecen por mucho entusiasmo que se despliegue en las conferencias de prensa

Conviene reconocer que la infraestructura urbana requiere inversiones importantes y coordinación entre distintos órdenes de gobierno, pero también resulta indispensable exigir que cada proyecto anunciado tenga presupuesto identificado, calendario de ejecución y responsables claramente establecidos, porque de buenas intenciones están empedrados los caminos y en Juárez, para colmo de males, hasta los caminos empedrados serían una mejora frente al deterioro de numerosas vialidades

La gobernadora también reiteró su respaldo político a Marco Bonilla, una expresión que inevitablemente adquiere significado en el contexto de las definiciones electorales de 2027, aunque sería un error reducir toda visita oficial a una operación partidista, porque la ciudadanía tiene derecho a conocer qué recursos se están destinando a su ciudad independientemente de las simpatías, aspiraciones o alianzas de quienes encabezan las instituciones

Lo verdaderamente importante será comprobar cuánto de lo anunciado se convierte en obras útiles y cuánto termina engrosando el archivo de compromisos pendientes, porque Juárez no necesita que le expliquen una vez más cuánto la quieren desde Palacio de Gobierno, necesita resultados verificables, inversión sostenida y una distribución de recursos que corresponda a su importancia económica y demográfica, ya que el cariño político que no se traduce en presupuesto se parece demasiado a esos amores que prometen el cielo y nunca pagan ni el café

El caso Génesis y la peligrosa distancia entre acusar y demostrar

La absolución de dos personas acusadas de desaparición en el llamado caso Génesis vuelve a exhibir uno de los problemas más delicados del sistema de justicia penal, la distancia que puede existir entre una acusación presentada por el Ministerio Público y las pruebas necesarias para sostenerla ante un tribunal, porque en materia penal no basta con señalar a alguien, construir una narrativa convincente o anunciar una sentencia ejemplar, también es indispensable demostrar jurídicamente los hechos y la responsabilidad individual

Cuando una condena de veinticinco años no logra sostenerse judicialmente, las preguntas deben dirigirse hacia la investigación, la obtención de pruebas, la actuación de los fiscales y las razones concretas de la resolución, sin convertir automáticamente la absolución en prueba de corrupción ni suponer que toda acusación originalmente formulada era falsa, porque la justicia exige rigor precisamente para evitar que la indignación sustituya al debido proceso

Aquí aparece una cuestión que las autoridades deberían responder con absoluta transparencia, qué mecanismos existen para revisar investigaciones que terminan en resoluciones adversas y cómo se determina si hubo errores profesionales, deficiencias probatorias o posibles irregularidades, porque las instituciones no pueden limitarse a celebrar cuando obtienen condenas y guardar silencio cuando los tribunales encuentran razones suficientes para dejarlas sin efecto

El asunto también tiene una dimensión humana que no debería perderse entre tecnicismos jurídicos, porque las familias de personas desaparecidas merecen investigaciones capaces de esclarecer los hechos y las personas imputadas tienen derecho a no ser condenadas sin pruebas suficientes, dos exigencias que no son contradictorias sino inseparables, aunque en nuestro sistema de justicia todavía parezca necesario recordarlo cada vez que un expediente termina derrumbándose en los tribunales