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31 de marzo 2026
9:09 am

Los barrios que se reencuentran en El Salvador tras la “desaparición” de las pandillas por la guerra de Bukele

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El régimen de excepción en El Salvador cumple un año con cifras de homicidios en mínimos históricos. Pero, ¿qué tanto se notan los efectos de la “guerra contra las pandillas”?

Es jueves en la tarde y dos equipos de adolescentes del municipio de Soyapango, en El Salvador, juegan a fútbol. Podría parecer una escena de lo más común ya que ambos grupos viven en dos barrios de la misma ciudad. Sin embargo, es la primera vez que ocurre en décadas.

El motivo de su alejamiento eran las fronteras invisibles que las pandillas de El Salvador impusieron históricamente en sus territorios y cuyos límites, sabían los vecinos de cada lugar, no podían cruzar para no entrar en zona contraria.

Jerrica, entrenadora de la escuela de fútbol en la colonia Credisa, donde la Mara Salvatrucha (MS-13) sembraba el terror, visita este día con su equipo el barrio de San José, a escasos 12 km. de distancia y controlado antes por el Barrio 18. Y no puede ocultar su entusiasmo.

“No veníamos aquí desde hace más de 20 años, es como si nos separara un mundo. Así que los muchachos, que tienen 16 o 17, es la primera vez en su vida que llegan acá a jugar tranquilamente. Estaban tan emocionados que dejaron de ir a estudiar hoy por venir a conocer”, reconoce entre risas.

Ambas pandillas, cuyo origen se remonta a la migración de salvadoreños que huyeron de la guerra civil a ciudades estadounidenses como Los Ángeles en la década de los 80, acabaron siendo rivales y enfrentándose con extrema violencia antes de que sus miembros fueran extraditados de vuelta a El Salvador.

Allí se encontraron un país pobre y devastado por la guerra, lo que se convirtió en un caldo de cultivo perfecto para reclutar jóvenes y aumentar su poder mediante el control casi absoluto de territorios. Gobiernos salvadoreños en el pasado intentaron combatirlas con otras estrategias de “mano dura”, pero no funcionaron.

Situaciones como la vivida en la cancha de fútbol de Credisa, absolutamente impensables hasta hace poco en la vida diaria del país, son cada vez más habituales y se atribuyen principalmente a un factor muy concreto: la “guerra” que el presidente Nayib Bukele emprendió a través de un régimen de excepción que este lunes cumple un año de vigencia.

El origen de su declaración se remonta a marzo de 2022, cuando el país sufrió 76 asesinatos en solo 48 horas. Según investigaciones de medios de comunicación como El Faro, la ola de homicidios fue producto de la ruptura de un supuesto pacto entre el gobierno y la MS-13.

Aunque la propia Fiscalía de EE.UU. apuntó a este diálogo en una reciente acusación contra líderes de la pandilla, el Ejecutivo salvadoreño siempre ha negado haber llevado a cabo ningún tipo de negociación.

Ahora, tras 12 meses de régimen de excepción en los que quedaron suspendidos el derecho a la privacidad de las comunicaciones y garantías al debido proceso como el requisito de que cualquier detenido sea presentado ante el juez en las 72 horas posteriores a su arresto, al menos 65.000 personas fueron detenidas por su presunta relación con las maras.

Con una población de 6,3 millones de personas, estos arrestos masivos convirtieron El Salvador en el país con la mayor tasa de población carcelaria del mundo. Tanto, que el gobierno construyó en tiempo récord una “megacárcel” destinada a albergar a unas 40.000 personas en condiciones de extrema dureza y ampliamente criticadas por organismos de derechos humanos.

“Solo hay dos caminos para un pandillero: la cárcel o la muerte, no hay otro”, anunció Bukele en abril de 2022 poco después de iniciar el régimen.

“Vamos y los sacamos de donde estén proteste quien proteste, se enoje o no se enoje la comunidad internacional (…). Si los pandilleros pensaban que enfrentaban a una fuerza armada, armada hasta los dientes, no han visto la fuerza armada que van a enfrentar de ahora en adelante”, aseguró.

Pero en este año, el gobierno recibió también un aluvión de quejas: organismos nacionales e internacionales documentaron miles de denuncias por detenciones arbitrarias, muertes y graves abusos en las cárceles o procesos judiciales sin las garantías básicas.

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