Pedro Roberto padece la ausencia de sus 2 vástagos: uno enlistado para pelear en el ejército ruso contra Ucrania, el otro, detenido por “mercenarismo” en su país.
Pedro Roberto Gamuza, un cubano de 59 años, sólo piensa en sus dos hijos: uno partió a la guerra de Ucrania y el otro está detenido en Cuba por el presunto delito de mercenarismo. Sus hijos son parte de un grupo de cubanos reclutados por una supuesta red criminal para participar en la guerra de Ucrania con el ejército ruso, informó hace una semana el gobierno de la isla.
El calvario de este padre comenzó cuando su hijo Liogi Gamuza Pérez, de 34 años, le llamó por teléfono para decirle que estaba citado por la seguridad del Estado.
En el departamento de seguridad le hicieron saber que Liogi, igual que otros jóvenes, está detenido por mercenarismo.
Como padre he pasado una semana crítica, llevo un fin de semana sin dormir”, dijo en su casa en La Habana, donde reside la familia.
Las autoridades aseguraron que actúan enérgicamente contra quienes recluten a personas en Cuba y también contra aquellos que se involucren en actividades mercenarias.
Me siento atolondrado, la cabeza no me da más”, dice este padre de familia que ignora quién invitó a dos de sus cuatro hijos a trabajar como militares en Rusia.
Liogi, casado y sin hijos, carece totalmente de preparación castrense y nunca hizo el servicio militar por un problema de salud en el bazo, indica. Ahora intenta conseguir un abogado a toda prisa
La esposa de su otro hijo, Robeisi Alexander, de 33 años, le dijo hace tiempo que estaba en Rusia.
Robeisi, padre de una niña de tres años, no se comunica con su familia desde entonces, señala.
UNA RED ILEGAL DE RECLUTAMIENTO
Hasta el momento, son 17 personas las que según las autoridades han sido detenidas en Cuba por esta supuesta operación de reclutamientos ilegal.
Entre ellas está “la organizadora interna” del reclutamiento y otros dos cubanos que buscaban a los candidatos para cooptar, además de otros 14 que confesaron haberse incorporado de manera voluntaria a la operación militar a cambio de la residencia rusa y una retribución monetaria.
Autoridades judiciales también informaron que sopesan la posibilidad de abrir causas por tráfico de personas, mercenarismo y actos hostiles contra un Estado extranjero, lo que podría implicar condenas de 30 años, cadena perpetua e incluso de pena de muerte.
