Chihuahua.- “Votar en contra de la permanencia de las fuerzas armadas cuatro años más es dejar en manos de los criminales a las familias de las y los chihuahuenses, sus negocios, sus casas, ¡nuestra tierra! Díganles qué piensan hacer si se va el ejército del estado. Esas son las cuentas que tendrán que darle a la gente de Chihuahua”, así lo advirtió ante tribuna la diputada del Partido del Trabajo, Deyanira Ozaeta Díaz
Lo anterior durante el posicionamiento de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional y Seguridad Pública, la cual propone un límite para que las fuerzas armadas apoyen en actividades de seguridad pública mientras se fortalecen las policías municipales y estatales; con el fin evitar que las y los ciudadanos se queden en manos del crimen.
En su discurso, la congresista dijo que se escandalizan por lo que llaman militarización, los mismos que cuando estuvieron en el poder, sacaron a las Fuerzas Armadas a las calles sin protocolos de actuación.
“Aquí, hay estrategia, el gobierno federal sigue un plan para contener y detener la espiral de violencia, la cual se exacerbó con los gobiernos panistas, principalmente en la del innombrable, Felipe Calderón”, afirmó.
En este sentido, indicó que dicha reforma describe los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para normar la participación de las Fuerzas armadas en materia de seguridad pública, como extraordinaria, regulada, fiscalizada, subordinada y complementaria.
Ozaeta Díaz, destacó que no se trata de “preferencias”, sino de que es lo que exige la realidad, sin tapujos, sin tintes políticos, ya que la situación en Chihuahua así lo demanda, para muestra de las necesidades en seguridad que existen es el jueves negro en Ciudad Juárez, donde el gobierno estatal solicitó urgentemente el apoyo de las fuerzas armadas, de igual manera en el secuestro y asesinato de los jesuitas en la sierra.
