Hermosillo, Sonora.— La Fiscalía General de Justicia del Estado (FGJE) iniciará una investigación formal sobre la presunta celebración realizada dentro del Centro de Reinserción Social (Cereso) número 1 de Hermosillo, a la que habría asistido un cantante local de corridos tumbados.
El fiscal de justicia en Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, informó que el procedimiento se activará en cuanto la Secretaría de Seguridad Pública estatal (SSP) interponga las denuncias correspondientes, derivadas de las evidencias que comenzaron a circular en redes sociales.
“Al respecto, la Secretaría de Seguridad ya tiene conocimiento, están verificando la información y tengo entendido que van a formular las denuncias correspondientes para que se inicie la investigación respectiva y que en todo caso se apliquen las sanciones que pudieran surgir por alguna conducta delictiva, con independencia de las acciones internas y disciplinarias que realice la propia secretaría”, declaró Salas Chávez.
El fiscal subrayó que la indagatoria no solo se limitará a la verificación administrativa al interior del penal, sino que se buscará deslindar responsabilidades en caso de que existan elementos de carácter penal. “Una vez iniciada la carpeta de investigación, se tomarán las medidas que amerite el caso”, añadió.
La polémica surgió tras la difusión de un video en plataformas digitales, presuntamente grabado a inicios de 2025, en el que se observa al artista hermosillense interpretando canciones dentro del Cereso 1, mientras convive e ingiere bebidas alcohólicas con algunos internos.
La grabación generó cuestionamientos sobre la seguridad, el control y la disciplina al interior del penal, ya que la presencia de alcohol y de personas ajenas a la población penitenciaria está estrictamente prohibida.
Aunque hasta ahora no se ha confirmado oficialmente la identidad del cantante, la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora enfrenta presión para esclarecer cómo se permitió el acceso y si hubo omisiones de custodios o autoridades penitenciarias.
Organismos de derechos humanos y familiares de internos han exigido transparencia en las investigaciones, pues aseguran que episodios como este ponen en duda la integridad del sistema penitenciario y abren la puerta a privilegios indebidos.
Con la apertura de la carpeta de investigación, la FGJE determinará si el evento constituye una falta administrativa o si existen elementos suficientes para configurar delitos relacionados con corrupción, introducción de alcohol o violaciones a la normatividad penitenciaria.
