Un reciente informe de la ONU ha encendido fuertes tensiones diplomáticas al acusar directamente a Israel de cometer genocidio contra el pueblo palestino en Gaza, en violación de la Convención de 1948. La investigación, elaborada por una comisión del Consejo de Derechos Humanos, documenta ataques sistemáticos contra civiles, privación de alimentos y medicinas, desplazamientos forzados y destrucción de infraestructura crítica, como clínicas de fertilidad y torres residenciales. Además, señala por incitación al genocidio a tres altos funcionarios israelíes, incluido el primer ministro Benjamin Netanyahu, cuyo lenguaje bíblico ha sido interpretado como un llamado al exterminio total.
Israel ha rechazado tajantemente las acusaciones, calificándolas como propaganda antisemita impulsada por Hamás, mientras continúa defendiendo su ofensiva militar como un acto de legítima defensa tras los ataques del 7 de octubre de 2023. Sin embargo, las conclusiones del informe han dado nuevo impulso a las demandas internacionales de rendición de cuentas, incluyendo la demanda por genocidio presentada por Sudáfrica ante la Corte Internacional de Justicia, cuyo fallo podría tardar años, pero cuyas implicaciones políticas ya son evidentes.
El documento también llega en un momento clave, previo a la Asamblea General de la ONU, donde se espera que varios países —entre ellos Reino Unido, Francia, Canadá y Australia— reconozcan formalmente un Estado palestino. Esta oleada de apoyo internacional representa no solo un giro simbólico, sino una reconfiguración del debate global sobre la ocupación, la autodeterminación palestina y la legitimidad de las acciones israelíes. Mientras tanto, el conflicto en Gaza continúa, con consecuencias humanas y diplomáticas cada vez más profundas.
