Dicen que una ciudad se mide por lo que sus habitantes toleran, y Juárez este año raya los límites de la tolerancia. La Fiscalía Regional Norte reporta ya más de 700 homicidios en 2025, una cifra histórica que posiciona a Chihuahua entre los cinco estados más violentos del país. Siete siglos, si quisieran decirlo en siglos.
Cruz Pérez Cuéllar pudo haber mencionado la cifra en su informe, pero eligió hablar de obras, de promesas, de “logros”… y de un supuesto cambio que sigue. Lo que no informó es lo que más duele: la sangre que corre, el miedo que construye barrios enteros en silicio y sombra. En un desglose mensual que habla de un año sangriento –82 en enero, 72 en febrero, 103 en marzo, 70 en abril, 77 en mayo, 84 en junio, 103 en julio y 72 en agosto–, Juárez promedia 83 homicidios por mes, superando con creces el promedio nacional de 64 diarios en 2024. Qué conveniente omisión.
Porque en Juárez, los informes oficiales son como un velo que tapa el plomo, dejando a los ciudadanos a merced de una violencia que no toma vacaciones.
Y si los homicidios eran el elefante en la habitación del informe, los secuestros emergen como el récord que nadie celebra: 48 casos en 2025 hasta el 15 de septiembre, superando los 44 de todo 2024 y marcando un hito histórico en solo 258 días. La Fiscalía General del Estado reporta 42 hasta julio, con seis más en agosto y septiembre que pintan un panorama escalofriante: secuestros exprés por dinero, con demandas que van de 2,000 a 100,000 pesos, y víctimas de todo tipo, desde migrantes hasta locales.
En septiembre, tres mexicanos de otros estados fueron liberados tras pagar entre 2,000 y 5,000 dólares cada uno en Tierra Nueva, con siete adultos y un adolescente arrestados por secuestro agravado. Otro rescate en Luis Olague sacó a tres personas de una casa donde llevaban dos semanas cautivas, con cinco adultos y dos menores detenidos, junto a radios, pistolas de juguete y cuchillos. Dos somalíes fueron salvados en Rinconada de las Torres el día 9, y el 12, Javier S. G. cayó por secuestrar a cuatro, incluyendo a un salvadoreño en Riberas del Bravo.
Agosto no se quedó atrás: un empleado de empeño fue golpeado fuera de un hotel en Ejército Nacional, y un conductor de Uber mutilado –le cortaron el dedo meñique– tras exigirle 200,000 pesos en Colinas del Norte. Con dos en enero, siete en febrero, cinco en marzo, cinco en abril, diez en mayo, siete en junio y seis en julio, los secuestros han escalado como una plaga. Mientras tanto, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal solo reporta 16 arrestos en septiembre por extorsión.
En una ciudad que ya lidia con 700 muertos, estos 48 secuestros no son estadísticas; son familias. Familias que pagan rescates, vidas que se quedan suspendidas entre un grito de auxilio y una patrulla tardía. El delito ya no se esconde; se expone. Y las autoridades repiten la película vieja: promesas de detenciones, operativos, esfuerzo institucional. Pero cada secuestro que se suma deja claro que esas promesas, al final, pesan menos que una vida privada de libertad. El silencio oficial sobre ellos en el informe del alcalde Pérez Cuéllar es tan ensordecedor como los gritos que no se oyen.
En medio de esta urgencia social aparece otro tema que parece extraído de un manual diplomático: la revisión pública del T-MEC. Chihuahua está en la mira de un proceso que podría redefinir el futuro económico de la frontera.
Bajo las instrucciones de la presidenta Claudia Sheinbaum, en coordinación con la Representación Comercial de Estados Unidos y las autoridades canadienses, las bases se publicarán en el Diario Oficial de la Federación, abriendo 45 días para comentarios escritos de empresas, sindicatos, académicos y ciudadanos, seguidos de audiencias públicas que arrancan el 17 de noviembre en Washington.
Chihuahua, con su industria manufacturera como pilar, es el foco por casos laborales que activan los mecanismos del tratado: el de Superior Industries en junio, donde Estados Unidos invocó la Respuesta Rápida por violaciones sindicales denunciadas por la CATEM, obligando a reinstalar despedidos, pagar compensaciones y adoptar políticas de negociación colectiva vía el Centro de Conciliación Laboral Federal. Esto pone en riesgo sanciones o vetos a exportaciones, y Coparmex Chihuahua urge certidumbre para defender la economía ante posibles aranceles.
En Juárez, donde las maquilas generan miles de empleos y el nearshoring es la esperanza, estas consultas no son un trámite: son una oportunidad para alinear libertad sindical y competitividad, pero también un recordatorio de que, en un año de 700 homicidios y récords de secuestros, la estabilidad laboral es un lujo frágil. Porque mientras el informe municipal omite la sangre, el T-MEC podría ser el espejo que obligue a Chihuahua a mirarse de frente.
