H. Cd. de Chihuahua.- En el Congreso del Estado, los ánimos se encendieron cuando los legisladores pusieron el dedo en la llaga de la corrupción institucional. La exigencia fue unánime y tajante: es hora de que la justicia no solo persiga a quienes andan en la calle, sino que también alcance a los funcionarios que, desde la comodidad de un escritorio público, le hacen el “caldo gordo” al crimen organizado. Los diputados demandaron detenciones inmediatas para aquellos que han traicionado su protesta de ley para servir como brazo operativo o protector de grupos delictivos.
La paradoja es dolorosa: mientras se invierten millones en patrullas y armas, la sospecha de la “nómina negra” sigue minando la confianza ciudadana. Los legisladores advirtieron que la seguridad de Chihuahua nunca será plena mientras existan caballos de Troya dentro de las instituciones. Por ello, instaron a las fiscalías a dejar de lado los tintes políticos y aplicar el rigor de la ley contra los infiltrados, asegurando que un servidor público con nexos criminales es doblemente peligroso y merece que el peso de la ley le caiga con toda su fuerza, sin importar el color o el cargo que ostente.
(En Blanco y Negro)
